Un diputado presentó un proyecto de ley que plantea la suspensión de la AUH para los progenitores de menores de 18 años hallados penalmente responsables de un delito. Además, la iniciativa se suma al debate abierto por la reciente baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El diputado nacional Francisco Alejandro Morchio presentó un proyecto que apunta a modificar la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares. En concreto, la iniciativa bajo el Expediente Diputados: 1236-D-2026 propone la suspensión de la AUH a los padres de adolescentes condenados con prisión efectiva. Por otra parte, la propuesta incorpora un nuevo artículo 3 bis a la norma vigente.
Qué plantea el proyecto sobre la suspensión de la AUH
El texto establece una regla clara. En primer lugar, la suspensión de la AUH comenzará cuando la sentencia penal quede firme. Luego, el beneficio dejará de pagarse mientras el adolescente cumpla la condena dentro del Régimen Penal Juvenil.
Además, el proyecto contempla un mecanismo de restitución. De este modo, el cobro se reactivará cuando el menor haya cumplido todas las medidas impuestas por la Justicia. Sin embargo, esa reactivación exige dos condiciones: una resolución judicial que lo disponga y que el joven aún no haya alcanzado la mayoría de edad.
Por lo tanto, si el adolescente cumple 18 años durante la ejecución de la pena, la asignación no se restablecerá. En efecto, el beneficio está destinado exclusivamente a menores.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, Morchio sostiene que hoy existe un vacío legal. Según explica, la legislación actual no prevé ninguna herramienta para frenar el pago cuando un menor comete un delito tipificado por el Código Penal. Por eso, considera que la norma debe actualizarse.
Además, el legislador argumenta que el Estado cubre las necesidades del adolescente durante la detención. Por ejemplo, garantiza alimentación, salud, educación y tutela a través de las instituciones del sistema penal juvenil. En consecuencia, Morchio considera “innecesario” que los progenitores sigan cobrando la asignación en ese período.
Por otra parte, el diputado enmarca la propuesta dentro de una línea coherente con la reciente reforma penal juvenil. De hecho, vincula su iniciativa con el nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes que rige desde marzo.
El contexto: la nueva ley que bajó la imputabilidad a 14 años
El proyecto aparece en un escenario político muy marcado. En febrero, el Congreso sancionó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil. Esta norma bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Además, se convirtió en una de las principales victorias legislativas de La Libertad Avanza durante las sesiones extraordinarias.
La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención en el Senado. Previamente, Diputados le había dado media sanción por 149 votos a 100. Luego, el Poder Ejecutivo la oficializó mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial el 9 de marzo.
Qué cambia con el nuevo régimen penal juvenil
La nueva legislación reemplaza al régimen vigente desde 1980. A partir de ahora, los adolescentes de entre 14 y 18 años pueden ser juzgados bajo un sistema específico. Además, las penas son graduadas según la edad y las circunstancias del hecho.
Por otro lado, el régimen contempla penas de hasta 15 años. Sin embargo, prohíbe sanciones perpetuas o antecedentes penales permanentes. Asimismo, establece que la privación de libertad debe ser el último recurso.
Si bien la ley nacional ya rige, su aplicación plena todavía depende de las provincias. En concreto, cada jurisdicción debe adaptar sus sistemas procesales e institucionales. Por ahora, esa etapa recién comienza.
Finalmente, este proyecto deberá recorrer el trámite parlamentario habitual. Primero pasará por comisiones y luego llegará al recinto. Mientras tanto, su destino dependerá del clima político y de las alianzas legislativas en torno a la agenda de seguridad.
