El Gobierno Nacional avanzó con una nueva disposición que introduce la jubilación forzosa en el Estado para trabajadores que ya alcanzaron la edad jubilatoria, aun cuando no reúnan los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y genera impacto directo sobre miles de empleados públicos.
La decisión limita la renovación de contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años a un plazo máximo de seis meses y exige, como condición obligatoria, la constancia de intimación a jubilarse.
El punto más sensible es que la normativa se aplica incluso a quienes no alcanzan los 30 años de aportes previsionales.
A quiénes alcanza la jubilación forzosa
La nueva medida alcanza principalmente a:
- Trabajadores y trabajadoras del Estado nacional con 65 años o más.
- Personal contratado o no permanente cuya continuidad laboral dependa de renovaciones periódicas.
- Empleados que no reúnen los años de aportes exigidos para jubilarse por el régimen general.
- Áreas donde no se contemplan excepciones por razones operativas, técnicas o de criticidad, incluso si la persona es el único recurso con experiencia específica.
En estos casos, al no poder renovar el contrato más allá del plazo fijado, el trabajador queda fuera del empleo estatal sin posibilidad de completar los aportes faltantes.
Qué alternativa queda para quienes no llegan a los aportes
Quienes alcanzan la edad jubilatoria pero no cumplen con los años requeridos quedan excluidos de la jubilación contributiva y solo pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Actualmente, la PUAM equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo, con un monto que ronda los $279.443. Esta prestación permite el acceso a la cobertura de salud a través del PAMI, pero no genera derecho a pensión por fallecimiento ni incluye los beneficios completos de una jubilación ordinaria.
El contexto previsional que agrava la situación
La medida se inscribe en un escenario de cambios profundos en el sistema previsional. Desde el año pasado, el Gobierno Nacional de Javier Milei resolvió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la Ley 27.705, que permitía regularizar aportes faltantes y jubilarse mediante descuentos sobre el haber.
Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo, por lo que su eliminación anticipa un impacto social relevante, especialmente entre quienes trabajaron de manera informal o con trayectorias laborales interrumpidas.
Menos empleo estatal y más presión sobre los trabajadores mayores
La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2%. Se recortaron más de 63.000 puestos de trabajo, lo que refleja una fuerte contracción del empleo público.
En paralelo, casi 1.100.000 jubilados continúan activos laboralmente en Argentina, una cifra que representa cerca del 19% del total y marca un crecimiento significativo en la última década. En ese contexto, la jubilación forzosa aparece como un nuevo factor de tensión.
Rechazo sindical y advertencias
Desde los gremios estatales, la decisión fue duramente cuestionada. El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “cruel e inhumana” y advirtió que empuja a trabajadores con décadas de servicio a elegir entre una prestación reducida o quedar directamente fuera del sistema.
Según el dirigente, la jubilación forzosa se suma a otras políticas que afectan al empleo estatal, como la falta de convocatoria a paritarias y el deterioro salarial, profundizando la incertidumbre entre los trabajadores de mayor edad.
Un cambio con impacto social
La jubilación forzosa en el Estado redefine las reglas para miles de empleados públicos que siguen activos más allá de la edad jubilatoria. Sin moratoria vigente y con contratos cada vez más restringidos, el margen de opciones se achica y deja a muchos trabajadores frente a una transición obligada hacia ingresos más bajos y derechos previsionales limitados.
El alcance real de la medida comenzará a verse en los próximos meses, a medida que avancen las renovaciones de contratos y se consolide el nuevo esquema dispuesto por el Gobierno.
