El Gobierno Nacional dispuso el fin de los aportes obligatorios a las cámaras empresarias, una práctica que hasta ahora estaba presente en diversos convenios colectivos de trabajo.
A través del Decreto 149/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que las empresas no estarán forzadas a realizar contribuciones a estas entidades, salvo que decidan hacerlo de manera voluntaria.
Esta nueva medida del Gobierno responde a la necesidad de garantizar la libertad de asociación y contratación de los empleadores, así como de evitar que se impongan cargas económicas a quienes no forman parte de las estructuras de estas cámaras.
Fin de los aportes obligatorios a cámaras empresarias
Según el texto oficial, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano no homologará ni registrará convenios colectivos que incluyan estas contribuciones obligatorias.
Hasta ahora, algunos acuerdos sectoriales, como por ejemplo la FEHGRA, exigían a los empleadores no afiliados a las cámaras empresariales el pago de montos destinados a su financiamiento, lo que generaba malestar entre las empresas afectadas.
Con la entrada en vigencia de este nuevo decreto, prevista para dentro de 90 días, esta situación quedará sin efecto, liberando de ese costo a empresas y empleados.
El decreto deja en claro que la función de los convenios colectivos es regular las condiciones de trabajo y no la recaudación de fondos para organizaciones privadas.
Según argumenta el Gobierno, la práctica de imponer estos aportes carece de sustento normativo y afecta la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
Uno de los sectores más impactados por esta medida es el comercio, donde los aportes obligatorios alcanzaban cifras millonarias y eran destinados, según las cámaras, a programas de capacitación y representación sectorial.
Sin embargo, muchas pymes habían denunciado la falta de transparencia en la administración de estos fondos y la imposibilidad de optar por no contribuir.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta decisión se enmarca en una serie de reformas destinadas a desregular la economía y dar mayor flexibilidad a los actores del sector privado.
En este sentido, remarcan que las cámaras empresariales deberán adaptarse a un modelo donde su financiamiento provenga exclusivamente de aportes voluntarios de sus afiliados y no de obligaciones impuestas por los convenios colectivos.
El Decreto 149/2025 establece además que los empleadores que actualmente estén realizando estos pagos podrán revocarlos de manera inmediata mediante una comunicación fehaciente a la entidad correspondiente.
De esta manera, se busca garantizar que ninguna empresa continúe realizando estos aportes contra su voluntad, medida que fue bien recibida por diversos sectores empresariales que habían cuestionado la obligatoriedad de estos pagos.
No obstante, también genera incertidumbre en algunas cámaras que dependían de estos ingresos para su funcionamiento y que ahora deberán reestructurar su esquema de financiamiento.
