En un giro histórico hacia la libertad económica, el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal (aprobada el pasado 26 de diciembre). A través del Decreto 93/26 y la Resolución General 5820/2026 de la ARCA, se pone en marcha un cambio de paradigma: el contribuyente deja de ser un “sospechoso por default” para ser considerado inocente, incentivando que los dólares “del colchón” vuelvan al circuito productivo.
Bajo la premisa oficial de “Lo tuyo es tuyo”, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redefine sus prioridades: concentrará sus controles en los 11.000 grandes contribuyentes que explican el 80% de la recaudación, brindando un esquema de flexibilidad y confianza para los 10 millones de personas restantes del padrón.
Un “Blanqueo popular permanente” con un solo clic
El corazón de esta reforma es el nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias (RSG). Se trata de un sistema diseñado para dejar atrás décadas de un esquema tributario asfixiante que empujó a millones de argentinos a la informalidad.
Las claves del nuevo sistema:
- Adhesión simplificada: Se podrá ingresar al régimen de manera digital a partir del 11 de febrero de 2026 a través del “Sistema Registral” de ARCA.
- Adiós al control patrimonial: El impuesto se calculará únicamente sobre ingresos y egresos. La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial ni los depósitos bancarios para verificar el cumplimiento del régimen.
- Umbral de exención: Hasta $1.000 millones anuales podrán ser bancarizados sin pagar Ganancias, lo que desde el Ministerio de Economía describen como un mecanismo de blanqueo permanente para el ciudadano común.
- Requisitos de acceso: Tener ingresos de hasta $1.000 millones, un patrimonio total menor a $10.000 millones y no ser categorizado como Gran Contribuyente Nacional.
Reforma penal tributaria: El fin de la persecución
La Ley de Inocencia Fiscal introduce modificaciones profundas en el régimen penal para garantizar seguridad jurídica y previsibilidad:
- Elevación de umbrales: La evasión simple, que antes se castigaba a partir de los $1,5 millones, ahora tiene un piso de $100 millones. Para la evasión agravada, el umbral sube de $15 millones a $1.000 millones.
- Extinción de la acción penal: Evadir ya no será necesariamente un delito penal. Los conflictos podrán resolverse pagando la deuda, intereses y multas. Incluso las causas en curso podrán cerrarse si se cancela el total más un adicional del 50% en un plazo de 30 días (beneficio de uso único).
- Prescripción reducida: El plazo para investigar delitos de evasión se reduce de 5 a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no podrán ser investigados por períodos fiscales previos a partir de 2029.
Presunción de exactitud y antecedente bancario
El nuevo esquema refuerza la confianza mutua entre el Estado y el ciudadano. Al presentar la Declaración Jurada Simplificada (que estará precargada por ARCA) y realizar el pago en término, se activa una presunción de exactitud. La información se considerará correcta y el organismo solo podrá impugnarla en supuestos excepcionales de discrepancias significativas.
Además, la constancia de adhesión al régimen (caracterización código 639) funcionará como un antecedente favorable ante bancos y entidades financieras en materia de prevención de lavado de activos, facilitando la libre disponibilidad de los ahorros.
