La justicia federal volvió a pronunciarse en defensa de los derechos de las personas con discapacidad ordenando a la ANDIS a devolver pensiones por invalidez suspendidas.
En esta oportunidad, el Juzgado Federal N°2 de Formosa ordenó al Estado Nacional y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir en un plazo de 24 horas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia.
La medida cautelar, dictada el 19 de agosto de 2025, responde a una acción de amparo impulsada por la Defensoría del Pueblo de Formosa junto a asociaciones civiles y beneficiarios afectados.
Según el fallo, la suspensión de las pensiones colocó a un sector altamente vulnerable en riesgo de indigencia, sin acceso a medicamentos ni cobertura del programa Incluir Salud.
El alcance de la decisión judicial
La jueza federal María Belén López Macé resolvió que las pensiones deben ser restituidas de inmediato, destacando que se trata de la única fuente de ingresos para miles de personas con discapacidad.
Además, el fallo subraya que la demora en reactivar los pagos podría generar daños irreparables, como la falta de alimentos y la interrupción de tratamientos médicos esenciales.
La medida tiene un plazo inicial de tres meses y busca dar tiempo a los beneficiarios para regularizar su situación administrativa, sin que ello implique la pérdida de su sustento económico.
Antecedentes recientes
Este fallo se suma a otro dictado semanas atrás en Catamarca, donde también se ordenó a la ANDIS dejar sin efecto suspensiones similares.
En ambos casos, los jueces cuestionaron el alcance del Decreto 843/2024, que endureció los requisitos para mantener el beneficio y que, según las organizaciones de discapacidad, constituye un retroceso en materia de derechos.
Los tribunales coincidieron en remarcar que las pensiones no contributivas por invalidez son un derecho de la seguridad social con jerarquía constitucional, reconocido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales.
La decisión que generará otro antecedente judicial, busca garantizar la subsistencia de los beneficiarios, proteger su acceso a la salud y evitar que se agrave la exclusión social de personas que ya enfrentan múltiples barreras.
En paralelo, la resolución también resalta la legitimidad de la Defensoría del Pueblo de Formosa para representar al colectivo afectado, dado que muchos de los beneficiarios no cuentan con los recursos para iniciar demandas individuales.
De esta forma, la batalla judicial por las pensiones no contributivas sigue sumando capítulos en distintas provincias y podría derivar en un debate a nivel nacional sobre la validez de las auditorías y el futuro del decreto cuestionado.
