Un gerente que tuvo su sueldo congelado durante casi tres años mientras sus colegas recibían aumentos, fue a la Justicia, que avaló que se considere despedido y ordenó una indemnización millonaria.
Un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina reconoció como válido el despido indirecto de un trabajador que no recibió aumentos de sueldo durante casi tres años, a pesar de ocupar un cargo jerárquico y de que otros empleados en su misma posición sí fueron beneficiados con incrementos.
El caso tuvo como protagonista al gerente de compras de Helport S.A., quien además prestaba servicios para Aeropuertos Argentina 2000 S.A., ambas del mismo grupo económico.
Según indica el fallo, el salario básico del trabajador permaneció sin variaciones entre mayo de 2013 y enero de 2016, un período marcado por alta inflación, mientras sus pares recibían ajustes periódicos.
El trabajador, que había sido diagnosticado con una enfermedad en 2011, continuó desarrollando tareas para la empresa desde su casa, sin embargo, la empresa alegó que no había vínculo laboral desde 2011, pero los jueces comprobaron lo contrario mediante correos electrónicos y evidencia de tareas realizadas.
Discriminación salarial y trato arbitrario
La Justicia consideró que la falta de aumentos fue injustificada y discriminatoria, especialmente porque otros gerentes recibieron mejoras salariales.
Esa diferencia, sumada al impago de salarios en 2016, llevó al trabajador a considerarse despedido, algo que fue convalidado por la Cámara.
Además, se sumaron al salario prestaciones no registradas, como la prepaga, el teléfono celular, la notebook y los consumos personales con una tarjeta corporativa.
Todos estos beneficios fueron considerados parte de la remuneración, lo que elevó considerablemente el monto indemnizatorio.
Indemnización millonaria
En la sentencia definitiva, el tribunal reconoció diferencias salariales, sueldos impagos, antigüedad no registrada, y una fecha de ingreso anterior a la que figuraba formalmente.
También declaró la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la actualización por inflación, y ordenó aplicar el IPC más una tasa pura del 3% anual hasta el pago.
En total, el trabajador deberá cobrar una indemnización superior a los $9 millones.
