El Gobierno Nacional oficializó una reforma decisiva en las normas migratorias del país, a través del DNU 681/2026, publicado en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo dispuso establecer restricciones más estrictas para el ingreso y la permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio argentino.
La medida modifica los artículos 29, 62 y 63 de la Ley de Migraciones N° 25.871, sumando nuevos motivos formales para rechazar residencias, prohibir la entrada al país o proceder a la expulsión.
¿Cuáles son las nuevas causales de rechazo o expulsión?
El texto oficial firmado por el presidente y ministros, el Estado argentino no permitirá la entrada ni la estadía a aquellas personas extranjeras que hayan incurrido en:
- Mensajes de odio e incitación a la violencia: Emitir discursos o mensajes de odio de forma oral o escrita o incitar a la violencia contra la comunidad argentina o contra un ciudadano por el solo hecho de su nacionalidad.
- Ultraje a los símbolos patrios: Realizar o participar directamente en actos de ofensa o agravio contra los símbolos patrios nacionales (bandera, escudo, himno, entre otros).
- Incitación a cometer estos actos: Promover o alentar a terceros a realizar cualquiera de las acciones anteriores.
Si la persona ya reside en la Argentina y comete alguna de estas faltas, el Estado podrá cancelar su residencia, exigirle que abandone el país en un plazo determinado o decretar su expulsión.
¿Qué pasa con la libertad de expresión y la crítica política?
Para evitar interpretaciones ambiguas, el propio decreto aclara de forma explícita que las protecciones constitucionales se mantienen firmes.
No se considerará falta ni motivo de sanción:
- La crítica política, académica o ciudadana.
- El disenso ideológico respecto del Gobierno o de cualquier tema.
El texto resalta que la libertad de expresión está plenamente garantizada, mientras no configure una incitación directa al odio nacional, a la discriminación violenta.
Los motivos del Gobierno detrás de la medida
En los fundamentos el Gobierno enfatizó que, si bien la Argentina mantiene históricamente una política de brazos abiertos y hospitalidad hacia los migrantes, la soberanía nacional faculta al Estado a fijar las reglas de permanencia para cuidar la seguridad interior y la armonía social.
El DNU argumenta que se ha detectado un incremento de agresiones verbales y conductas de menosprecio dirigidas contra la identidad argentina. Sostiene que el respeto básico a la nación que cobija a los ciudadanos extranjeros es una condición indispensable para mantener la residencia pacífica en el país.
La norma entra en vigencia a partir del día posterior a su publicación.
