Finalmente y tal como estaba previsto, el Gobierno oficializó este lunes, mediante el Decreto 534/2025, el veto total a tres leyes aprobadas por el Congreso.
De esta forma el aumento a jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad fueron vetadas oficialmente.
Qué leyes fueron vetadas
El decreto firmado por el presidente Javier Milei observa en su totalidad los siguientes proyectos:
- Ley 27.791: Otorgaba un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones y pensiones, junto con un bono mensual de $110.000 actualizable por inflación.
- Ley 27.792: Restablecía por dos años la moratoria previsional para quienes no tienen 30 años de aportes, e incorporaba cambios a la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Ley 27.793: Declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y creaba nuevas prestaciones compatibles con empleos formales de bajos ingresos.
Qué dice el veto: punto por punto
El decreto detalla los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo decidió no promulgar las leyes. Estos son los puntos principales:
Aumento a jubilados: impacto fiscal
- Se calculó que el aumento del 7,2% y el bono de $110.000 costarían más de $4,4 billones en 2025 y casi $9 billones en 2026.
- Según el Gobierno, las fuentes de financiamiento propuestas por la ley eran “manifiestamente insuficientes” y técnicamente deficientes.
- El Poder Ejecutivo advirtió que la medida “ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional”.
Moratoria previsional: cuestionamientos de equidad
- El decreto señala que el 55% de los actuales beneficios previsionales fueron otorgados por moratorias.
- Plantea que su continuidad socava los incentivos a la formalidad laboral y genera desigualdad con quienes aportaron durante 30 años.
- Además, no contempla fuentes de financiamiento, lo cual contraviene el artículo 38 de la Ley 24.156.
Emergencia en discapacidad: gastos sin cobertura
- La nueva pensión propuesta implicaría un gasto adicional de $2,1 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026, sin fuente concreta de financiamiento.
- También se suma el costo del programa “Incluir Salud”, que cubriría a más beneficiarios y demandaría otros $574.000 millones en 2025.
Cuestionamientos al procedimiento parlamentario
El decreto también afirma que hubo vicios de forma en el proceso legislativo, como falta de citación formal y aprobación por mayoría simple en lugar de dos tercios. Según el Gobierno, estas irregularidades impiden la promulgación.
El Ejecutivo sostiene que las leyes vetadas implicaban un aumento del 0,9% del PBI en 2025 y del 1,68% en 2026, comprometiendo el equilibrio fiscal.
También se menciona que estos proyectos violan el “Pacto de Mayo”, que consagra el equilibrio fiscal como principio central.
“No se puede gastar más de lo que ingresa”, repite el texto en varios tramos del decreto.
Para que las leyes entren en vigencia pese al veto, ambas cámaras deben insistir con una mayoría de dos tercios de los votos. Por ahora, eso parece poco probable.
